El paro sin asistencia a los lugares de trabajo impacta en todas las dependencias judiciales de la provincia y, según el secretario general de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de la provincia de Córdoba (Agepj), Federico Cortelletti, la medida de fuerza “se cumple con elevado acatamiento”.
El sindicalista manifestó a los medios locales que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) había otorgado un aumento salarial del 10% a partir de enero, pero que “ese porcentaje ya resulta insuficiente y desactualizado por la inflación, la devaluación, el constante aumento de precios, impuestos y servicios”.
Si bien Cortelletti resaltó que se avanzó en el reclamo por recategorizaciones del personal judicial “se está lejos de una remuneración acorde a la función”, y reafirmó el reclamo por el “achicamiento de la brecha salarial” existente entre los funcionarios y empleados que, según el sindicalista, es del 30% desde que se aplica la equiparación salarial con la Justicia Federal.
El gremio también pide por una ‘ley de porcentualidad’ que garantice la percepción de aumentos del mismo porcentaje que perciben los magistrados y funcionarios judiciales, que por ahora se aplica mediante una Acordada que se renueva anualmente.
Cortelletti reafirmó la continuidad de las medidas de fuerza con las modalidades habituales de asambleas y trabajo a código, entre otras medidas.
Desde la página de Facebook Judiciales Unidos Córdoba explicaron lo siguiente:
PARO DE LOS JUDICIALES.
Este 26 de mayo los Judiciales de Córdoba, paramos por 24 horas en repudio a las políticas del Tribunal Superior de Justicia, que no da respuesta a nuestro justo reclamo para que se cumpla la Acordada 245/13, y se implemente el Sistema Porcentual para los salarios de los empleados.
Es que los jueces y funcionarios han aumentado escandalosamente sus haberes, en los últimos 4 años, en virtud de la Ley de Equiparación Salarial con la Justicia Federal, pero se niegan a reconocer a los empleados un sueldo digno y proporcional a los haberes que ellos perciben.
Así, un vocal de TSJ percibe una remuneración de bolsillo de 140 mil pesos, sobre la que tendrá un aumento del 15% a partir del mes de junio, o sea, que ese mes percibirá ¡más de 160.000 pesos!
En el otro extremo de la pirámide, un meritorio percibirá a partir de junio, un salario de bolsillo de 11.000 pesos, cuando la canasta alimentaria ha trepado en el mes de mayo a 18.000 pesos.
Mientras el sistema Porcentual establece que la relación entre el salario más alto y el más bajo de la escala, debe ser de 1 a 5, hoy esa relación es de 1 a 15, o sea un vocal del TSJ percibe una remuneración 15 veces superior a la de un meritorio.
Pero eso no es lo más grave, porque para sofocar la justa protesta de los Judiciales, el TSJ dispuso SANCIONAR LA MEDIDA DE TRABAJO A CÓDIGO, que venimos implementando, como forma de protesta ante esta injusta situación.
Para ello, aplicará una Acordada dictada en 2013, que fue recurrida por la entonces secretaria General de AGEPJ, compañera Irina Santesteban, por inconstitucional. Ese recurso se encuentra a resolución del TSJ, consagrando el sinsentido que el mismo órgano que dictó la Acordada, será el que resolverá si es inconstitucional o no!
Esa Acordada dispone un descuento del 50% del jornal diario, por cada día que el o la judicial realicen la medida del "trabajo a código". Un descuento confiscatorio e ilegal, porque están sancionando a los empleados por no hacer las tareas que los códigos de procedimiento establecen que tienen que realizar los jueces y funcionarios!
POR ELLO ES QUE LOS JUDICIALES DENUNCIAMOS ESTA INJUSTA SITUACIÓN Y REALIZAMOS UN PARO TOTAL ESTE JUEVES 26 DE MAYO.
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